Cuando en marzo del 2005 el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) nos pidió que evaluáramos iniciarle un juicio al Estado por discriminación, lo hacía –según nos dijo- porque consideraba que sería la voz de otros medios que por su menor envergadura no estaban en condiciones de hacerlo ante el riesgo de sucumbir por las esperables represalias del Gobierno.
Alejandro Miró Quesada había llegado al país presidiendo una delegación integrada entre otros por Robert Cox, el mítico director del Buenos Aires Herald durante la dictadura. Y sus consejos tenían relación con lo que habían encontrado en la Argentina: un poder político que había hecho de la publicidad oficial una herramienta para premiar a los medios oficialistas y castigar a los críticos.
Seguimos sus consejos. Un año después se le pidió a la Justicia que interviniera para evitar que el Gobierno siguiera discriminando al diario Perfil y a las revistas Noticias y Fortuna, todas de esta editorial.
Éramos conscientes de que un proceso judicial de esas características llevaría años y que podía transformarse casi en antieconómico para una editorial que vive fundamentalmente de los precios de tapa que pagan sus lectores y de los avisos de los anunciantes privados. También sabíamos que una vez que se conociera el inicio de esa querella, el Gobierno redoblaría su actitud discriminatoria, incluso presionando a los anunciantes privados de dejar de publicar en nuestros medios.
La actitud del Gobierno fue la esperada y la de los lectores y anunciantes también: el castigo por un lado y el apoyo de siempre por el otro
(http://www.perfil.com/contenidos/2011/03/02/noticia_0027.html)
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